El recurso fue presentado el 26 de junio, después de que la Primera Sala Constitucional de Lima declarara improcedente la medida cautelar solicitada por la defensa de Boluarte.

Con ese pedido, la exmandataria busca que la vacancia quede en suspenso mientras se resuelve la demanda de amparo con la que pretende anular el procedimiento que terminó con su salida del cargo.

Como primer paso, la Corte Suprema deberá definir si la apelación es declarada “bien concedida”. De ocurrir, convocará a una audiencia virtual antes de emitir una decisión sobre la medida cautelar.

Aunque ese fallo no resolverá el proceso principal, sí podría modificar de manera inmediata los efectos de la decisión adoptada por el Parlamento.

La estrategia legal de Boluarte sostiene que el Congreso vulneró sus garantías procesales al notificarla con menos de una hora de anticipación a la sesión donde se debatió su vacancia, lo que, según su defensa, le impidió ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Además, invoca la Sentencia Nro. 96/2024 del Tribunal Constitucional sobre el caso de Pedro Castillo, que establece que la vacancia por incapacidad moral debe respetar garantías procesales y estándares constitucionales.

Sin embargo, la Primera Sala Constitucional rechazó la medida cautelar al considerar que esos cuestionamientos deben resolverse en el proceso de amparo y no mediante una decisión provisional.

También señaló que no existían elementos suficientes para acreditar que el Congreso hubiera impedido materialmente la defensa de Boluarte, especialmente porque la expresidenta no asistió a la sesión parlamentaria para la que había sido convocada.

Mientras tanto, la demanda de amparo continuará su trámite en el Poder Judicial, aunque con plazos más extensos que los previstos para la resolución de la apelación.