“Este proceso de indulto nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”, afirmó el titular de la PCM tras conocerse la intención de la defensa de Castillo.

Sin embargo, desde el Congreso las declaraciones del premier no lograron despejar todas las dudas. El congresista Edgar Raymundo sostuvo que las acciones del presidente Balcázar generan incertidumbre y advirtió que “todo se puede esperar”.

Además, consideró que el debate sobre una eventual gracia presidencial sí forma parte de la discusión política actual.

En paralelo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, recordó que existen requisitos legales que dificultan la viabilidad de un eventual indulto.

Según explicó, una de las condiciones esenciales es que no haya procesos pendientes y que exista una sentencia consentida, circunstancias que actualmente no se cumplen en el caso del exjefe de Estado.

La controversia también provocó una reacción desde la Mesa Directiva del Parlamento. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “absolutamente inaceptable” la posibilidad de otorgar un indulto a Castillo y sostuvo que una decisión de ese tipo sería ilegal.

El nuevo pedido aparece además después de que el Ejecutivo modificara la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales. En ese grupo fue incorporada Lesli Gonzales, funcionaria vinculada a Cajamarca y cuyos padres trabajaron en la misma UGEL donde laboró el exmandatario.