El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, confirmó que el decreto no será eliminado y adelantó que el Ejecutivo anunciará un esquema de respaldo financiero en los próximos días.

Sin embargo, evitó detallar el mecanismo y descartó el uso de recursos directos del Ministerio de Economía, señalando que se optará por un sistema de garantías para facilitar acceso a crédito en la banca privada.

La medida llega tarde frente a una situación crítica. Petroperú enfrenta problemas severos de liquidez que comprometen su operación diaria. Según especialistas, sin financiamiento inmediato la empresa evalúa paralizar parcialmente sus actividades.

La Refinería de Talara, uno de sus activos clave, opera muy por debajo de su capacidad: procesa alrededor de 60.000 barriles diarios cuando podría alcanzar 95.000.

Además, la participación de mercado cayó de 36 por ciento en 2021 a 25 por ciento en 2025, reflejando un deterioro sostenido. Pese a ello, el Ejecutivo insiste en un esquema que evita una inyección directa y apuesta por mayor endeudamiento respaldado por el Estado.

Desde el sindicato de trabajadores cuestionan la falta de una estrategia integral y advierten que mantener el decreto podría acelerar una privatización progresiva. También señalan contradicciones: se reconoce el rol estratégico de Petroperú, pero se sostienen medidas que la debilitan.

El plan en evaluación contempla garantías por hasta 2.500 millones de dólares. Mientras tanto, la incertidumbre crece y el margen de maniobra se reduce.