El equipo tendrá hasta 330 días calendario para elaborar un Programa Presupuestal orientado a Resultados, un instrumento técnico que buscará definir qué medidas funcionan para reducir delitos y cómo financiarlas.

El plazo, cercano a un año, contrasta con la urgencia del contexto: extorsiones, ataques armados y amenazas a conductores que ya alcanzan incluso sus viviendas.

En los últimos días, un atentado contra la empresa “Los Rojitos” dejó tres muertos en San Juan de Miraflores. A la par, continúan protestas y despliegues de seguridad. Solo en Lima Norte, unos 500 agentes resguardan 64 cocheras, en un esfuerzo que no logra contener la crisis.

El grupo estará integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el MEF, Interior, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Justicia. Su misión será técnica: analizar evidencia, debatir propuestas y entregar un informe final. No contará con presupuesto adicional ni pagos extra para sus miembros.

Mientras tanto, entidades como el Ministerio Público siguen operando con limitaciones básicas. La promesa de instalar 40 mil cámaras en buses tampoco despega y permanece en trámites.

En la práctica, el Ejecutivo apuesta por planificar a largo plazo, mientras la inseguridad exige respuestas que aún no llegan a las calles.