Además, está prevista una reunión entre el fiscal de la Nación y el presidente José María Balcázar. En ese encuentro se discutirán los requerimientos presupuestales del Ministerio Público, en un intento por encontrar una salida a un escenario que compromete seriamente el trabajo fiscal en todo el país.

El origen del problema se remonta al debate del presupuesto público aprobado el año pasado en el Congreso. Durante ese proceso, la Fiscalía advirtió que los recursos asignados serían insuficientes.

La institución había calculado que necesitaba cerca de 15 mil millones de soles para operar adecuadamente, pero el monto aprobado quedó muy por debajo de lo solicitado.

De acuerdo con Chávez Cotrina, actualmente el Ministerio Público trabaja prácticamente con la quinta parte del presupuesto que había pedido originalmente.

Esta brecha limita la capacidad de investigación, ya que los procesos fiscales requieren personal especializado, logística, infraestructura y herramientas tecnológicas.

Las consecuencias ya se sienten fuera de Lima. En varios distritos fiscales del interior se han reportado dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento. Sin electricidad, agua o internet, las sedes fiscales corren el riesgo de paralizar la recepción de denuncias y el avance de investigaciones.

Frente a este panorama, la institución solicitó al Ejecutivo un crédito suplementario de 677 millones de soles para sostener sus operaciones durante este año. Sin embargo, hasta ahora no existe una respuesta definitiva.

La situación deja en evidencia un problema estructural del Estado: se exige enfrentar la criminalidad, pero se debilitan las instituciones encargadas de hacerlo. Sin recursos suficientes, cualquier estrategia contra el crimen organizado queda reducida a promesas.

La crisis presupuestal del Ministerio Público no solo expone la fragilidad administrativa del sistema, también amenaza con profundizar la sensación de impunidad en el país.