Frente al problema, el Gobierno anunció un paquete de medidas de urgencia para racionalizar el consumo de gas y priorizar el abastecimiento de servicios esenciales. Sin embargo, las disposiciones también reflejan la magnitud del desorden en la gestión energética, ya que incluyen teletrabajo obligatorio en el sector público y clases virtuales durante una semana en colegios, institutos y universidades de Lima y Callao.

Además, el Ejecutivo decidió liberar reservas de combustibles y flexibilizar normas en la producción de hidrocarburos para intentar compensar la falta de gas natural. Estas decisiones buscan contener una crisis que pudo haberse evitado con una política energética más sólida y menos dependiente de una sola infraestructura.

En paralelo, el presidente José María Balcázar y varios ministros anunciaron un viaje a Cusco para supervisar las tareas de reparación del ducto. La reacción tardía fue criticada por sectores económicos que señalan que el Estado vuelve a actuar cuando la crisis ya está instalada, en lugar de anticiparse a los problemas.

Mientras tanto, transportistas, industrias y millones de usuarios enfrentan las consecuencias de una crisis energética que vuelve a poner en debate la capacidad del gobierno para garantizar un suministro básico en uno de los países con mayores reservas de gas de la región.