El argumento central fue el artículo 117 de la Constitución, que establece que un presidente no puede ser acusado durante su mandato salvo en casos específicos como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional u obstaculizar el sistema electoral.

La jueza penal Hiroko Hiyane aceptó el pedido y dispuso reprogramar la instalación del juicio oral para el 27 de agosto de 2026 a las 9 de la mañana. Para entonces, Balcázar ya no ocupará la Presidencia interina ni su curul en el Congreso.

El caso se origina en publicaciones realizadas por Balcázar en diciembre de 2024 en su cuenta de Facebook.

Según la denuncia presentada por Yuri Jaime Díaz, el hoy presidente interino difundió afirmaciones falsas y ofensivas que habrían afectado gravemente su honor y su reputación profesional.

En esas publicaciones, Balcázar lo señaló como parte de un supuesto “juego sucio” y lo vinculó con calumnias y prácticas corruptas durante las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Díaz sostiene que también se le atribuyeron actos deshonestos como la “depredación del Estado” y el uso indebido de fondos institucionales cuando fue funcionario público, insinuaciones que apuntarían a delitos contra la administración pública. Los mensajes, además, fueron difundidos a miles de seguidores.

El episodio judicial se suma a cuestionamientos políticos sobre el ascenso de Balcázar al liderazgo del Parlamento. La congresista María del Carmen Alva sostuvo que su elección respondió a un reparto de cargos ministeriales entre bancadas más que a coincidencias programáticas.

Según explicó tras la votación en la que obtuvo 46 votos frente a los 64 del legislador, el resultado reflejaría una apuesta por un liderazgo considerado “más fácil de manejar” dentro del Congreso.