La decisión llegó tras semanas de escándalos. Denuncias por presunto tráfico de influencias, contrataciones irregulares en Palacio y el caso conocido como Chifagate minaron su permanencia. Las gestiones para frenar el proceso, incluida la posibilidad de una vacancia, no prosperaron.

El desgaste fue también ciudadano. La desaprobación saltó veinte puntos y superó el 70 por ciento en los últimos días de su gestión. Según Ipsos, su popularidad cayó del 58 por ciento al 30 por ciento en cuatro meses, mientras que Imasen la ubicó en 24 por ciento.

En paralelo, la Contraloría y la Fiscalía solicitaron expedientes y abrieron investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.

Jerí asumió en un contexto de fragmentación política y arrastró cuestionamientos desde el inicio, incluida una acusación de violación sexual que fue archivada pero que marcó el clima de su mandato.

Prometió un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que no se concretó, en un año en que el país registró 5,55 homicidios diarios, la cifra más alta desde 2017.

El escándalo Chifagate aceleró el desenlace: reuniones no reportadas con empresarios chinos, adjudicaciones bajo sospecha e imágenes del mandatario encapuchado ingresando a un restaurante detonaron nuevas pesquisas fiscales.

Tras la votación, el Congreso activó la sucesión constitucional y anunció que el 18 de febrero elegirá al mandatario interino, en medio de un escenario político convulsionado.