También desestimó las reuniones del Ejecutivo con la DEA y el FBI, al afirmar que esos organismos no intervienen de manera directa en la seguridad interna del país.

En materia logística, aseguró que durante su gestión se proyectó la compra de 40 mil pistolas y otros equipos para la Policía Nacional, procesos que —dijo— fueron modificados y finalmente detenidos por el actual gobierno. Atribuyó esos cambios a intereses no aclarados y responsabilizó a la administración transitoria por la falta de equipamiento.

El exministro también apuntó contra el marco legal vigente, al señalar que una casación de la Corte Suprema de 2019 limita el uso de armas por parte de los policías, pese a la ley aprobada en 2023 para su protección. Además, criticó al Ministerio Público por denunciar a efectivos que capturaron a delincuentes de alta peligrosidad.

Santiváñez cuestionó la gestión migratoria, al recordar que en julio de 2024 se exigió visa y pasaporte a ciudadanos venezolanos, norma que —según indicó— no se estaría cumpliendo. Sobre la minería ilegal, sostuvo que debe tratarse como un problema de seguridad nacional.

Las declaraciones llegan pese a que Santiváñez fue denunciado durante su paso por el Ejecutivo por presuntas estafas y mal desempeño de funcionario público, investigaciones que, según afirmó, están en manos de sus abogados.

Aun así, defendió a la expresidenta Dina Boluarte y consideró que su salida se dio dentro del marco constitucional.

En paralelo, confirmó que continúa recorriendo el país como parte de su campaña al Senado, con actividades recientes en el norte y centro del Perú.