El decreto permite que Petroperú deje de operar como una empresa integrada y que sus bienes se organicen en uno o más bloques patrimoniales. En esa división pueden incluirse activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, el mayor proyecto energético del país, con una inversión superior a los 5.000 millones de dólares, además de infraestructura logística y posición de mercado.

La norma faculta a ProInversión a diseñar, conducir y ejecutar todo el proceso, bajo el marco del Decreto Legislativo Nro. 674. La agencia podrá definir modalidades de promoción, decidir transferencias de activos, elegir operadores especializados y estructurar fideicomisos.

Aunque los nuevos vehículos empresariales sigan siendo estatales, los activos salen del balance principal de Petroperú, dejando abierta la posibilidad de cambios de propiedad a futuro.

El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, calificó la medida como “el decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche” y advirtió que se trata de una privatización por partes impulsada por un gobierno transitorio, además de cuestionar la experiencia de ProInversión en hidrocarburos.

El decreto también deroga la Ley Nro. 28244, elimina barreras legales previas y obliga a Petroperú a transferir S/144 millones para el proceso. En paralelo, autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones en 2026 para una reorganización interna que incluye despidos. La medida rige por un año y debe ser informada al Congreso.