Esta decisión deja sin representación legal ni acompañamiento especializado a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, en una región ya duramente golpeada por este flagelo.

El equipo despedido estaba integrado por 24 profesionales, incluyendo abogados y traductores, cuya labor era crucial para superar las barreras estructurales que enfrentan las poblaciones indígenas al acceder a la justicia. Estas barreras incluyen la distancia geográfica, las diferencias idiomáticas y la falta de recursos económicos. La congresista Pablo criticó que el SNEJ, implementado precisamente este año en Condorcanqui debido al alto índice de violencia, ahora se vea debilitado por esta medida.

Para Flor Pablo, el retiro de este equipo especializado constituye un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las víctimas. En sus palabras, "Hoy, el gobierno retrocede y las vuelve a abandonar". La congresista ha instado al Ministerio de Justicia a rectificar esta situación y a restituir inmediatamente a los defensores públicos, para no dejar desprotegidas a las víctimas que ya se encuentran en proceso de atención y acompañamiento legal.

La alerta sobre el despido de los defensores públicos se produce en un contexto alarmante. Datos de 2024 revelan que en la región Amazonas se han registrado 532 denuncias por abuso sexual contra niñas, mientras que solo 112 docentes han sido destituidos. Esta enorme brecha entre los casos reportados y las sanciones efectivas evidencia la incapacidad del Estado para abordar eficazmente esta problemática.

En Condorcanqui, cerca de 200 casos han prescrito debido a la falta de recursos en la UGEL, que cuenta con una sola abogada para atender todos los procesos administrativos. Esta limitación permite que muchos docentes denunciados por agresiones sexuales no sean separados definitivamente de las aulas, sino simplemente trasladados a otras instituciones educativas. La pérdida de expedientes tras un incendio en 2022 ha agravado aún más la situación.

La congresista Pablo también advierte que este patrón de violencia y falta de sanción no se limita a Amazonas, sino que se replica en otras regiones amazónicas como Loreto.

Detrás de las frías estadísticas se esconden historias de profundo dolor e injusticia. El caso de Z. W., quien fue agredida sexualmente por un docente entre los 11 y los 15 años, ilustra la realidad que viven muchas niñas en Condorcanqui. Su caso, al igual que el de muchas otras víctimas, permanece impune.

Entre 2010 y junio de 2024, se registraron 532 denuncias por abuso sexual cometidas por docentes y auxiliares contra menores de entre 5 y 17 años. La UGEL de Condorcanqui y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes revelan que, en una sola semana, se conocieron ocho nuevos casos. La mayoría de los denunciados eran docentes contratados que trabajaban tanto en primaria como en secundaria. La problemática de la violencia sexual en Condorcanqui exige una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado.