En videos difundidos por medios de la zona se observa a familias enteras varadas en el desierto, caminando con niños y pocas pertenencias en busca de cruzar el paso Chacalluta–Santa Rosa, pero bloqueadas por fuerzas policiales.

El presidente José Jerí aseguró en un mensaje en redes que la medida busca “garantizar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, el Gobierno no ofreció cifras concretas, ni un plan de alojamiento o atención médica para quienes ya quedaron atrapados en la frontera.

El estado de emergencia incluye restricciones al tránsito, a la reunión y a la inviolabilidad del domicilio. Según el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, soldados apoyarán a la Policía “de inmediato”, lo que incrementa el riesgo de criminalizar la migración y empujar a las familias a rutas más peligrosas.

Perú ya recibió más de 1,5 millones de venezolanos desde 2015, pero lejos de reforzar apoyos sociales o coordinar políticas humanitarias, el gobierno de Jerí opta nuevamente por militarizar, repitiendo el mismo esquema aplicado en 2023 sin resultados duraderos.

Mientras tanto, los pasos fronterizos colapsan, hay fila de camiones y viajeros atrapados, tensión diplomática con Santiago y una señal preocupante: en lugar de soluciones, otro estado latinoamericano recurre al Ejército para administrar pobreza y desesperación.