No se quedó ahí. También reclamó el paquete completo: “Solicito que se me asignen los beneficios logísticos y de personal señalados en el Acuerdo de Mesa Directiva Nro. 78 de 2016”.

Esos privilegios incluyen vehículo oficial de por vida, seguridad del Estado, un asesor, un trabajador CAS de su elección y ciento cincuenta galones de gasolina mensuales.

El especialista Martín Cabrera explicó que ese dinero sale directamente del Congreso y que, mientras no exista una acusación constitucional aprobada, no hay impedimento para que cobre.

El Parlamento, además, deberá definir si el monto se ajusta al tope legal, sobre todo después del aumento salarial que Boluarte obtuvo tres meses antes de dejar el cargo, cuando pasó de quince mil seiscientos a treinta y cinco mil quinientos sesenta y ocho soles.

A esto se suma su intento de cobrar al RENIEC más de cuatrocientos veintiocho mil novecientos cinco soles en bonos y gratificaciones, monto que un fallo redujo a doscientos treinta y nueve mil. Su defensa en los procesos fiscales continúa financiándose con recursos públicos.

Pese a todo, Boluarte insiste en que se va “tranquila y en paz”. A sus sesenta y tres años, espera que el Congreso decida si recibirá una pensión que podría bordear los treinta y cinco mil soles junto a beneficios vitalicios cargados al presupuesto estatal.