El proyecto pretende modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas vinculadas a seguridad y administración pública. La idea de castigar la revelación de documentos sobre operativos, diligencias o decisiones fiscales podría limitar seriamente el acceso a información que históricamente ha permitido exponer irregularidades estatales.

Al dejar conceptos abiertos, cualquier cobertura sobre procesos en curso podría ser interpretada como infracción, configurando un riesgo directo para la fiscalización ciudadana.

Pese al tamaño del paquete, muchas de las medidas ya fueron aplicadas por los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte sin resultados sostenibles.

Se repiten aumentos de penas, ampliaciones de flagrancia, creación de nuevos delitos y ajustes al sistema penitenciario que no redujeron la criminalidad ni fortalecieron la capacidad del Estado.

También se reactivan viejos intentos de reorganizar inversiones públicas, contrataciones y evaluaciones ambientales, reformas que en el pasado no resolvieron los problemas estructurales del aparato estatal.

Incluso se vuelve a plantear la declaración de emergencia del transporte público, una propuesta mencionada en gestiones previas sin implementación real.

El uso tan amplio de la delegación permitiría al Ejecutivo emitir decretos con rango de ley en múltiples sectores, retomando políticas ya fracasadas y, en paralelo, impulsando una figura penal que podría restringir seriamente el trabajo periodístico.