El decreto, estampado en las páginas de El Peruano, desata a las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional para patrullar calles, vigilar edificios públicos y decomisar armas. Se suspenden derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, permitiendo a las autoridades irrumpir en hogares sin orden judicial.

También se prohíbe circular a dos personas en moto, un guiño a los crímenes de sicariato. En las cárceles, se cortarán las comunicaciones ilegales con apagones nocturnos y la destrucción de antenas clandestinas, mientras las visitas a reclusos se restringen. Jerí, en un mensaje tan teatral como vago, prometió pasar “de la defensiva a la ofensiva” contra el crimen, aunque no explicó cómo.

Su primer ministro, Ernesto Álvarez, juró que la medida no sería un espejismo, pero los peruanos aún esperan hechos. Mientras tanto, el 59 por ciento de la población, según el INEI, señala la inseguridad como el mayor problema del país.

En 2025, 180 trabajadores del transporte urbano han sido asesinados por negarse a pagar extorsiones, y el Callao se hunde en una espiral de narcotráfico y homicidios.

El presidente interino se pasea en operativos y sobrevuela la capital, proyectando una imagen de control. Pero su estrategia tiene un reverso oscuro: la emergencia llega cuando las protestas contra su gestión arden, avivadas por la muerte del rapero Eduardo Ruiz Sáenz a manos de un policía. Los críticos alertan que esta medida no solo busca frenar a las mafias, sino también apagar las voces disidentes.

El sector artístico, azotado por extorsiones, logró evitar un toque de queda que habría paralizado la vida nocturna. Sin embargo, la violencia no cede: entre julio y septiembre de 2025, Perú registró 575 homicidios, apenas por debajo del récord de 580 del trimestre anterior. La tasa de homicidios se ha duplicado desde 2017, y la ciudadanía exige resultados.