Sin embargo, no especificó qué medios o periodistas habrían incurrido en estas prácticas ni qué expresiones concretas motivaron sus declaraciones. Arana afirmó que "no se puede permitir la violencia verbal" y que el periodismo debería dedicarse a "predicar valores" en lugar de emitir críticas que, según él, se disfrazan de insultos.

Aunque reconoció que las autoridades están sujetas al escrutinio público en una democracia, insistió en que los medios no deben cruzar la línea hacia los "calificativos" en lugar de argumentos. Esta postura, lejos de promover el diálogo, parece un intento de censurar a la prensa que pone en evidencia las falencias del gobierno ante la ola de criminalidad que azota al país.

En la misma línea, la ministra de la Mujer, Ana Peña, respaldó esta narrativa al declarar que no se pueden "normalizar los insultos" en los medios de comunicación. Estas afirmaciones llegan en un contexto de fuertes críticas sociales y políticas hacia Boluarte, quien ha minimizado el impacto del crimen organizado.

La presidenta recomendó a la ciudadanía evitar contestar llamadas de desconocidos, una sugerencia que muchos consideraron insuficiente frente a la gravedad de la situación.

La escalada de violencia en Lima y Callao, atribuida al crimen organizado, ha dejado un saldo alarmante de 65 muertos y 53 heridos entre agosto de 2024 y octubre de 2025, según datos de la Fiscalía.

Además, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Juan Carlos Mori, reportó que 42 conductores han perdido la vida en lo que va del año. Estas cifras se conocieron tras un paro masivo del transporte público en ambas ciudades, que buscó visibilizar la falta de acción efectiva del gobierno frente a extorsiones y atentados.