La sentencia inicial del TC permitía investigaciones preliminares contra un presidente en funciones, pero solo mediante tres diligencias específicas: declaración, solicitud de información y entrega de documentos.

Sin embargo, tras un pedido de la defensa de Boluarte, que argumentó que múltiples requerimientos podrían perturbar la función presidencial, el TC aclaró de oficio que estas diligencias se limitan a una o, como máximo, dos veces.

Los magistrados justificaron esta decisión al considerar que un número ilimitado de pedidos desvirtuaría la protección al cargo presidencial. Aunque Boluarte no era parte formal del proceso, sino un tercero con interés, el TC acogió los argumentos de su defensa, liderada por el abogado Joseph Campos, quien advirtió que sin estas restricciones, las investigaciones podrían ser “ad infinitum”.

Los magistrados, encabezados por Luz Pacheco Zerga y con la ponencia de Pedro Hernández Chávez, subrayaron que la Fiscalía solo puede realizar actos “urgentes, inaplazables y estrictamente necesarios”, respetando la dignidad del cargo presidencial.