Espinoza, quien asumió el cargo en octubre de 2024, acusó a Boluarte por la muerte de medio centenar de personas en protestas y por casos de corrupción. También investigaba a Nicanor Boluarte por tráfico de influencias y organización criminal, y acusó a FP, liderado por Keiko Fujimori, de “conducta antidemocrática”.

La fiscalía pidió ilegalizar a FP por ataques a fiscales, periodistas y magistrados electorales, por su estructura dictatorial interna, por justificar violaciones a derechos humanos de la dictadura fujimorista (1990-2000) y por promover violencia política, incluyendo el intento de anular las elecciones de 2021 con falsas denuncias de fraude.

La destitución de Espinoza, bajo una suspensión de seis meses que precederá su salida definitiva, se basa en su negativa a reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, decisión que Espinoza calificó de inconstitucional.

Benavides, apartada en 2023 por corrupción, era funcional a la derecha parlamentaria. La JNJ, con el respaldo del gobierno, abrió paso a fiscales afines a la coalición gobernante, que ahora apunta a controlar la Fiscalía.

Espinoza denunció su destitución como “ilegal” y alertó sobre la captura del sistema de justicia por la “coalición mafiosa” de Boluarte y Fujimori. Ayer, protestas en Lima contra este atropello fueron reprimidas con violencia. La Corte Suprema podría ser el próximo objetivo de esta maniobra autoritaria.