Sin embargo, esta solicitud llega en un momento crítico para su gobierno, marcado por audios comprometedores atribuidos a los ministros Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, así como por la controversia en torno a la reforma de pensiones, que ha desatado protestas sociales.

El Ejecutivo insiste en que la presencia de Boluarte en la ONU es vital para posicionar a Perú en temas de economía y democracia. No obstante, el desgaste de su gestión, agravado por las recientes renuncias y pugnas internas, pone en cuestión la pertinencia de un nuevo viaje internacional.

En 2025, el Congreso ya ha autorizado cuatro salidas de la mandataria, con un costo que supera los S/2.5 millones, según la Contraloría. Destinos previos incluyeron Japón e Indonesia en agosto, Francia en junio, Vaticano y Estados Unidos en mayo, y Ecuador para la investidura de Daniel Noboa. Si se aprueba, este sería su quinto viaje del año, sumando un historial de 12 solicitudes desde diciembre de 2022.

El último periplo, que incluyó a Japón, Indonesia y Corea del Sur con cinco ministros, costó cerca de medio millón de soles. Desde 2023, Boluarte ha visitado 10 países con comitivas de hasta 25 personas, mientras la Cancillería defiende los viajes como oportunidades de inversión y la Contraloría exige mayor transparencia. El congresista Ernesto Bustamante apoyó la salida, argumentando que la mandataria debe representar a Perú en foros globales.

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, señaló que el Congreso aún debe debatir la autorización. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona la prioridad de estos viajes frente a una crisis interna que evidencia la fragilidad del gobierno de Boluarte.