El 41 por ciento de los peruanos enfrenta inseguridad alimentaria, ya sea moderada, reduciendo calidad o cantidad de comida, o grave, pasando días sin comer. Además, 13.9 millones de personas no acceden a una dieta saludable, cuyo costo subió un 33.5 por ciento desde 2017, pasando de 3.25 a 4.34 dólares por persona.

“No falta comida, falta dinero para comprarla”, sentencia la economista Carolina Trivelli. Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, alerta que la malnutrición, desde anemia hasta obesidad, afecta a millones que solo consumen ultraprocesados baratos. La subalimentación creció del 6.6 por ciento al 6.9 por ciento, reflejando la incapacidad de cubrir calorías mínimas.

El gobierno de Dina Boluarte, lejos de abordar esta crisis, parece ajeno a la realidad. Programas como Qali Warma o Juntos, desactualizados, no responden a la pobreza urbana ni a la informalidad. “Seguimos con políticas de hace una década”, critica Trivelli. Huamán agrega que niños llegan a colegios sin comer, y las ollas comunes ofrecen raciones insuficientes.

La ausencia de una autoridad clara en políticas alimentarias agrava el problema. “Nadie asume la responsabilidad”, denuncia Trivelli. Mientras, la Ley de Seguridad Alimentaria sigue sin reglamentación efectiva. El impacto en la infancia es alarmante: la malnutrición compromete el desarrollo cognitivo y la salud futura.