VIDEO | Dina evade a la justicia comprando voluntades: el Congreso archiva la denuncia por la masacre en las protestas
La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las 49 muertes y más de 250 heridos en las protestas de diciembre 2022 y enero 2023, en un claro acto de blindaje que expone cómo el régimen compra voluntades en el Parlamento para enterrar investigaciones penales y proteger a la presidenta de la accountability.
Bajo la batuta de Ilich López Ureña, tercer vicepresidente, el informe final de la Denuncia 509 fue aprobado con 12 votos a favor y 10 en contra, sellando la impunidad de un gobierno que usa el Congreso como escudo contra la justicia.
La acusación, impulsada por el ex fiscal Juan Carlos Villena, imputaba a Boluarte omisión impropia con dolo eventual en violaciones graves a derechos humanos, configurando delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves (artículos 108, 121 y 122 del Código Penal), en perjuicio de víctimas inocentes masacradas por fuerzas estatales.
El blindaje se extiende a cómplices como Pedro Angulo Arana (ex PCM), Luis Otárola Peñaranda (ex Defensa y PCM), y exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, más Jorge Chávez Cresta (ex Defensa), todos salpicados por la represión brutal.
El informe, avalado el 18 de julio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por María Acuña Peralta, fue defendido por Lady Camones (APP), quien alegó ausencia de "elementos probatorios irrefutables" para probar que los denunciados usaron el aparato estatal para sembrar muerte y dolor.
"No hay convicción suficiente para los tipos penales de homicidio calificado y lesiones", insistió, en un discurso que huele a encubrimiento orquestado para que el Ministerio Público no indague más.
El escándalo estalló con críticas furiosas: Ruth Luque tildó el dictamen de "ligero", diseñado para bloquear la pesquisa fiscal, recordando que 50 peruanos murieron y más de mil resultaron heridos bajo la responsabilidad política directa de Boluarte. Propuso devolverlo a subcomisión, pero su moción cayó 10-10, con López Ureña dirimiendo en contra para consumar el archivo.
Flavio Cruz denunció que se forja "una memoria histórica nefasta", mientras Wilson Quispe Mamani y Edgard Reymundo exigieron investigación profunda, aunque la reconsideración fue rechazada de plano.
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