En el texto, difundido el 6 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo calificó de “inaceptable” la decisión del tribunal internacional, sostuvo que se trata de un asunto de “soberanía” y advirtió que se encuentra evaluando la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Choque con estándares internacionales

La Corte IDH recordó que en los fallos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006) se estableció que las leyes de amnistía o prescripción no pueden aplicarse a crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la norma mientras emite un pronunciamiento definitivo.

Sin embargo, el Gobierno defendió la ley alegando que las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron en su momento para “salvar la democracia” frente al “embate del terrorismo”. Bajo ese argumento, justificó la amnistía como un acto de justicia hacia quienes —según su posición— contribuyeron a preservar el orden democrático.

Riesgo de impunidad y aislamiento internacional

La promulgación de la ley ha generado fuertes críticas de organismos internacionales, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que advierten que la medida abriría la puerta a la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) estima que más de mil procesados y sentenciados podrían beneficiarse con la norma.

La postura desafiante del Ejecutivo coloca al país en una situación de alto riesgo diplomático y jurídico. El retiro del Perú del sistema interamericano —una posibilidad que el Gobierno ya no descarta— implicaría el debilitamiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y dejaría sin recursos a miles de víctimas que han recurrido a la Corte en busca de justicia.

Un debate que seguirá escalando

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte IDH abre un nuevo frente de confrontación institucional. Mientras que el Ejecutivo y el Congreso defienden la amnistía como una decisión soberana, el tribunal internacional sostiene que las obligaciones asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos son de estricto cumplimiento jurídico y están por encima de las disposiciones internas.

El desenlace de este choque marcará no solo el futuro de los procesos judiciales vinculados al conflicto armado, sino también la credibilidad internacional del Perú en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.