El argumento de Boluarte es tan cínico como predecible: según su defensa, permitir más de un pedido de información o documentos podría “perturbar” la gobernabilidad. En un escrito al que accedió Infobae, Campos sostiene que sin estas restricciones, la Fiscalía podría actuar “ad infinitum”, afectando la “normalidad institucional” del próximo presidente.

Una excusa que huele a intento desesperado por esquivar las investigaciones que la acorralan, como el caso Rolex, donde el Poder Judicial ya no puede tocarla tras el fallo del TC que prohibió medidas en su contra. Este nuevo movimiento de Boluarte consolida su imagen como una mandataria que, lejos de respetar la separación de poderes, hace malabares para mantenerse intocable.

El TC ya le dio un salvavidas al suspender tres investigaciones y paralizar las diligencias en la Fiscalía, además de frenar las denuncias constitucionales en el Congreso hasta el fin de su mandato. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, acató el fallo y anunció que las denuncias contra Boluarte quedarán en pausa.

Mientras el país observa, la jefa de Estado se atrinchera en un sistema que parece diseñado para protegerla, dejando a la justicia maniatada y a la democracia en jaque. El TC ahora debe decidir si acepta esta nueva petición que, de concretarse, limitará aún más la capacidad de la Fiscalía para investigar a una mandataria señalada por corrupción.