Sí, el Ejecutivo no solo quiere inmunidad total para Boluarte, sino que ahora va por quienes intentan hacer su trabajo en un país donde la corrupción parece tener un pase libre con sello presidencial.La jugada no es nueva, pero sí descarada.

Arana, con la soltura de quien sabe que tiene el viento a favor, se amparó en un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, en un dictamen tan extenso como conveniente, decidió suspender las investigaciones contra Boluarte por una lista de casos que incluye desde el medio centenar de muertes en las protestas contra su ascenso hasta joyas de lujo que, oh sorpresa, aparecieron en los allanamientos.

Según el TC, esos registros fueron un atentado contra la “dignidad presidencial”. ¿Dignidad? Parece que el tribunal olvidó que los peruanos también merecen algo de respeto, como saber si su presidenta miente o no.

Arana, con el tono de quien reparte regaños en una reunión familiar, insistió en que los fiscales y policías anticorrupción actuaron fuera de la ley y que no pueden escudarse en la obediencia debida.

“Las autoridades competentes deben actuar de manera inmediata para sancionarlos”, soltó, como si el problema del Perú fuera que la justicia hace su trabajo y no que el poder se atrinchera para esquivar responsabilidades.

Cuando la prensa le pidió que aclarara sus palabras, el primer ministro dio un paso atrás, diciendo que lo de las sanciones era “aleatorio” y que lo importante era que el TC había reforzado la inmunidad presidencial. Traducción: no toquen a Dina, ni ahora ni nunca.

El fallo del TC, que parece escrito a medida para el Ejecutivo, no solo paraliza las investigaciones, sino que pone un candado casi absoluto a la posibilidad de fiscalizar a los presidentes en funciones. Según el tribunal, hubo “abusos” del Ministerio Público, una institución que Boluarte no se cansa de señalar como su enemiga personal.

Pero el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, no se quedó callado. En una respuesta contundente, expresó la preocupación de la entidad por el freno a las investigaciones, especialmente en casos tan graves como las muertes durante las protestas de 2022 y 2023.

“La política se ha degradado y, en el caso de la señora Boluarte, ha mentido al país”, afirmó Cubas, recordando que los allanamientos permitieron descubrir joyas costosas que obligaron a la presidenta a cambiar su coartada inicial. Esos allanamientos, que el TC ahora tilda de ilegales, fueron clave para desenmascarar las contradicciones de Boluarte.

Las joyas, cuya procedencia sigue siendo un misterio, pusieron en evidencia que la presidenta no fue del todo sincera. “Ahí se pone al descubierto las mentiras que había dicho”, remarcó Cubas, defendiendo el trabajo del Ministerio Público, que no ha inventado nada, sino que ha investigado con hechos concretos.