La decisión llega tras un argumento de la defensa de Boluarte que, hábilmente, se ampara en el artículo 117 de la Constitución. Este señala que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o bloquear el funcionamiento del Congreso o del Tribunal Electoral. Como era de esperarse, ninguna de las ocho investigaciones preliminares abiertas por la fiscalía contra Boluarte encaja en esos delitos.

Entre los casos congelados están los más graves: su presunta responsabilidad en las muertes de civiles durante las protestas de 2022, que exigían su renuncia tras asumir el cargo en medio de una crisis política, y el escándalo de los relojes de lujo que, según las pesquisas, le fueron obsequiados por un gobernador a cambio de favores.

El TC, con una precisión quirúrgica que huele a encargo, dictaminó que las investigaciones “continuarán su trámite” solo cuando Boluarte deje el sillón presidencial. Mientras tanto, la fiscalía queda con las manos atadas: solo podrá tomarle declaraciones en el palacio presidencial, pedirle documentos o solicitar información, pero nada más.

Para procesarla penalmente, la fiscalía tendría que denunciarla ante el Congreso y esperar que este emita una resolución acusatoria, un trámite que, en el actual contexto político, suena a utopía.

La decisión es inapelable, y ni Boluarte ni la oposición han abierto la boca al respecto, dejando un silencio que retumba en un país donde la desconfianza en las instituciones crece como maleza.