Dina Boluarte y el Congreso queman S/1.880 millones al año con Ley Chlimper 2.0 que favorece a agroexportadoras
El Congreso, con el respaldo tácito del gobierno de Dina Boluarte, ha decidido prenderle fuego a S/1.880 millones del erario público cada año con la aprobación de la Ley Chlimper 2.0, una norma que parece diseñada en los escritorios de las grandes agroexportadoras mientras el campo, el de verdad, el de las familias agricultoras, sigue comiendo polvo.
Esta ley, que reduce el impuesto a la renta de un 29,5 por ciento a un risible 15 por ciento para siete gigantes del agro y el sector vitivinícola, no solo es un descarado regalo fiscal, sino una bofetada a los trabajadores rurales y a la agricultura familiar, que siguen sin ver un sol de apoyo.
Sale informe del FMI sobre Perú señala que Ley Chlimper 2.0 tendrá un impacto fiscal anual equivalente a -0.2% del PBI, es una entre otras terribles normas que vienen destruyendo el ya precario equilibrio fiscal del país. https://t.co/kYdC9JxaiG pic.twitter.com/SPcVMXtCMP
— Eduardo Zegarra (@EZegarra3) June 11, 2025
Florentino Mallma, líder de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), no se guarda nada: el lobby empresarial, dice, se impuso sin pudor sobre el interés colectivo.
Mientras las agroexportadoras se frotan las manos, los trabajadores enfrentan condiciones precarias y la agricultura familiar queda en el abandono. Mallma, con un dejo de ironía, pide que Boluarte “se ilumine” y observe la ley, aunque sabe que el Congreso, con su rodillo fujimorista, probablemente insistirá en aprobarla.
“Estamos organizándonos a nivel nacional para responder a este atropello”, sentencia, dejando claro que los gremios no se quedarán de brazos cruzados.
La Convención Nacional del Agro (Conveagro) también alza la voz, calificando la norma como un retroceso histórico que dinamita el modelo asociativo de las cooperativas y pone en jaque la seguridad alimentaria. En un comunicado, acusan al Congreso y al Ejecutivo de bailar al son de los grandes empresarios, sacrificando a la mayoría por unos pocos.
La Confederación Nacional Agraria (CNA) refuerza el mensaje: esta ley agrava la desigualdad, cargando impuestos y burocracia sobre los pequeños agricultores mientras las agroexportadoras reciben privilegios envueltos en papel de regalo.Pero el descaro no termina ahí.
La Ley Chlimper 2.0 también pone trabas a la fiscalización laboral. Según Mallma, Sunafil solo podrá intervenir en el 25 por ciento de los casos que involucren a las grandes empresas, a pesar de las denuncias por despidos arbitrarios, beneficios laborales incumplidos y prácticas antisindicales.
Como si fuera poco, la norma impulsa la digitalización de contratos y boletas de pago, un supuesto avance “moderno” que deja en el aire a los trabajadores rurales sin acceso a internet o conocimientos tecnológicos.
“Hablan de sostenibilidad, pero es solo para las grandes empresas”, dispara Mallma, quien advierte que los empresarios aprovecharán el tiempo que le queda a Boluarte para seguir exprimiendo beneficios.
La Asociación Nacional de Productores Agroecológicos (ANPE) no se queda atrás y repudia la ley como un traje a medida para un puñado de privilegiados.
Cuestionan al ministro Ángel Manero, quien ha insinuado que los pequeños productores que no puedan con el mercado deberían simplemente cambiar de rubro, una declaración que destila desprecio por quienes sostienen la mesa de los peruanos.
Los 43 congresistas que votaron a favor, según ANPE, son cómplices de un modelo que margina a los que producen alimentos día a día. Mientras los gremios exigen que la ley no se publique en El Peruano y piden su derogación inmediata, también demandan políticas públicas que prioricen créditos, asistencia técnica y mercados justos para los agricultores familiares.
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