El ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a Trujillo tras el atentado, pero sus palabras no tranquilizan. Según dijo, el ataque se debería a una guerra entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘La Jauría’, que se pelean el control de las extorsiones en la ciudad. “La hipótesis apunta a un enfrentamiento entre estas facciones.

La Policía ya está actuando”, aseguró, aunque sus declaraciones suenan a déjà vu en una región donde los explosivos y los ajustes de cuentas son pan de cada día. Malaver confirmó que se usaron entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, probablemente provenientes de la minería ilegal, y que algunas casas afectadas son inhabitables, a la espera de inspecciones para decidir si serán demolidas.

El atentado, según fuentes policiales, tendría como objetivo a un tal alias ‘Bolaños’, un delincuente recién salido de prisión y vinculado a las pugnas criminales. Pero más allá del blanco específico, el ataque es un síntoma de algo mucho peor: Trujillo se hunde en una espiral de violencia que el gobierno de Boluarte no logra frenar.

Las bandas, como Los Pulpos, Los Cagaleches, Los Plataneros y los propios Pepes, operan con una impunidad que asusta. Solo en 2024, el Ministerio del Interior registra más de 1,200 denuncias por extorsión en La Libertad, una cifra que grita el abandono de la seguridad ciudadana. La respuesta oficial, como siempre, llega tarde y a medias.

Malaver prometió coordinar con el Gobierno Regional y las autoridades locales para ayudar a los damnificados, mientras el general PNP Carlos Llerena dijo que el alcalde de Trujillo dará asistencia directa.

Por su parte, el comandante general Óscar Arriola anunció un despliegue de personal especializado para combatir a las bandas, pero estas promesas suenan huecas en una ciudad donde los explosivos ya son parte del paisaje. El corte de luz tras la explosión complicó aún más las labores de auxilio, dejando a los vecinos a merced de la oscuridad y el miedo.