“El Perú es libre, independiente y soberano. No somos colonia de nadie y no permitiremos intromisiones”, sentenció, como si la justicia internacional fuera un capricho extranjero y no un compromiso del Estado peruano.

La Corte IDH, que convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025 en Costa Rica, advirtió que la ley contraviene tratados internacionales, recordando casos como Barrios Altos y La Cantuta, donde el Perú fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad.

Pero Boluarte, en su afán de blindar a uniformados, parece hacer oídos sordos. “Luchamos por un país democrático, atendiendo las necesidades del pueblo”, dijo, aunque su idea de “pueblo” parece excluir a las víctimas que aún claman justicia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) se sumó al coro, tildando las órdenes de la Corte de “excesivas” y contrarias al derecho internacional. Según el gobierno, la Corte no puede meterse en asuntos internos, como si la soberanía fuera un cheque en blanco para avalar impunidad.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, fue aún más tajante en Canal N: “La Corte no nos puede decir qué hacer”. Su tono desafiante solo subraya el desdén de este gobierno por los estándares internacionales. La ley, aprobada el 11 de junio con apoyo de Honor y Democracia y Fuerza Popular, es un retroceso brutal.

Amnistía a responsables de matanzas como La Cantuta no solo burla a las víctimas, sino que dinamita los avances en verdad y reparación, según expertos y familiares. Delia Espinoza, fiscal de la Nación, fue clara: “Las amnistías por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles”.

Gisela Ortiz, familiar de una víctima del Grupo Colina, lo resumió mejor: “El Estado no garantiza nuestro derecho a la justicia”. Boluarte habla de “paz y unidad”, pero su discurso huele a cálculo político.