Desde 2022, cuando Boluarte asumió tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, ambos países carecen de embajadores, y este nuevo episodio no hace más que tensar una relación ya fracturada.

Boluarte, en su afán por defender su gestión, afirmó que, de no ser por ella, Perú estaría al borde del “caos económico” y la pobreza, camino a convertirse en un “país fallido”.

Pero, mientras se jactaba de salvar al país, Lima era escenario de marchas de familiares de víctimas de las protestas de 2023, que dejaron decenas de muertos.

“Mi esposo fue torturado hasta la muerte por esta policía que defiende a esta Dina asesina”, denunció Mariela Cayo, viuda de Manuel Quilla, fallecido tras brutales agresiones policiales. En el Congreso, gritos de “asesina” y retratos de víctimas como Rosalino Flores, acribillado con 36 perdigones, interrumpieron su discurso.

La presidenta, que asumió en diciembre de 2022 tras la destitución de Castillo, no tiene partido propio y sobrevive gracias al respaldo de Fuerza Popular y César Acuña. Su popularidad es un desastre: un sondeo de CPI en RPP revela que solo un 2,1 por ciento la apoya, mientras un 97 por ciento la rechaza.

La critican por su sueldo de más de 10.000 dólares —31 sueldos mínimos— y por no controlar la delincuencia, con cifras de asesinatos y extorsiones en récords históricos. Este lunes, la represión policial contra manifestantes con ataúdes simbólicos, que incluyó agresiones a fotoperiodistas y gases lacrimógenos, solo avivó el descontento.

Con 964 días en el poder, Boluarte supera en duración a sus cinco antecesores, pero su incapacidad para generar consensos y su lengua afilada no hacen más que hundir al Perú en la inestabilidad. Mientras señala a Bolivia, el espejo de su propia gestión refleja un país al borde del abismo.