Nuestros muertos exigen justicia”, afirmó Yovana Mendoza, vicepresidenta de la organización, cuya voz tembló al recordar a su hermano Jhon, asesinado en Ayacucho en diciembre de 2022. La gestión de Boluarte enfrenta un escrutinio implacable.

Las investigaciones por las muertes en las protestas están estancadas, según Milagros Samillán, hermana de Marco Antonio Samillán, médico asesinado en Juliaca. “Tenemos pruebas, pero los culpables no rinden cuentas”, denunció.

Killa Sotelo, cuya familia llevó el caso de su hermano Inti, muerto en 2020, a la Corte Interamericana, señaló que el Congreso promueve leyes de amnistía para blindar a policías y militares.Las movilizaciones incluirán una vigilia en San Cristóbal el 27 y una marcha con ataúdes simbólicos el 28, como un recordatorio de las vidas perdidas.

“Protestamos pacíficamente, pero el despliegue de 20 mil policías nos preocupa”, alertó Mendoza, exigiendo garantías para el derecho a la protesta, sistemáticamente vulnerado bajo este Gobierno.

Gremios como la Asociación Nacional de Conductores se sumarán. Julio Campos, su vicepresidente, lamentó la inacción estatal frente a la violencia que azota al sector y criticó a líderes que negocian con el régimen.

Coraly Escobar, de la Federación de Estudiantes de la PUCP, llamó a la juventud a unirse: “Nos roban el futuro, pero no la dignidad”. Las delegaciones piden a Lima despertar. “El sur sufre, pero el país debe escuchar”, afirmó Sotelo.