También autoriza viajes y estadías para actividades académicas o laborales, lo que abre márgenes para posibles beneficios indebidos.Esta normativa marca un retroceso respecto a la regulación vigente hasta 2021, que restringía los obsequios a artículos corporativos de bajo valor. La nueva disposición, en cambio, no establece topes, lo que incrementa el riesgo de interpretaciones ambiguas y actos de corrupción.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado calificó la directiva como “absolutamente ilegal”, argumentando que contraviene el Código de Ética de la Función Pública y estándares internacionales de la ONU, que prohíben dádivas a funcionarios públicos. “Carece de valor jurídico y vulnera principios éticos del Estado de Derecho”, afirmó.

El congresista Alex Paredes expresó preocupación por las posibles “malas interpretaciones” de la norma y destacó la importancia de mantener parámetros claros, considerando la tradición de obsequios simbólicos en regiones, pero sin abrir “puertas” a excesos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, defendió la legitimidad de los regalos protocolares, como los ofrecidos por embajadores, y negó que la directiva fomente situaciones comprometedoras.

Presidencia emitió un comunicado asegurando que la norma busca regular los obsequios conforme al Código de Ética, pero las críticas persisten por la rapidez de su aprobación y la falta de claridad en los límites. El caso de los relojes Rolex, admitidos por Boluarte como “préstamo” de Wilfredo Oscorima, refuerza los temores sobre normas laxas que podrían encubrir irregularidades.