A la tramitología se suma la inseguridad. La minería ilegal, que mueve 3.000 millones de dólares al año, no solo evade regulaciones, sino que alimenta la violencia en regiones como Pataz y Madre de Dios, donde los ataques armados son cada vez más frecuentes.

Poderosa, por ejemplo, lleva seis años enfrentando actos delictivos que encarecen sus operaciones y frenan proyectos de innovación social y ambiental. Santillana identificó cinco barreras clave para la modernización del sector, siendo los permisos ambientales y la criminalidad los más urgentes. En paralelo, la suspensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que afecta a más de 50.000 mineros informales, ha desatado bloqueos y tensiones.

Esta medida, lejos de resolver el problema, agrava la desconfianza en un sector que lucha por adaptarse a estándares globales. En medio de este panorama, iniciativas como el Sello PERUMIN a la Excelencia en Equidad de Género buscan un cambio estructural.

Karina Zevallos, presidenta del Programa de Equidad e Inclusión de PERUMIN 37, destacó que esta certificación promueve políticas inclusivas en las empresas mineras, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“No es solo cumplir, es inspirar y marcar la diferencia”, afirmó, subrayando el compromiso del sector con la equidad. Sin embargo, mientras el oro ilegal prospere y la burocracia persista, la minería formal seguirá atrapada en un círculo vicioso que amenaza su viabilidad y el desarrollo económico del país.