La discusión escaló al plano ético y político. Mientras la izquierda parlamentaria (incluidas las bancadas Juntos por el Perú y Socialista) impulsa proyectos de anulación inmediata del aumento, el ex canciller Javier González-Olaechea salió en defensa de Boluarte. Afirmó que el reajuste era “justificado” y “tardío”, y cuestionó a quienes lo calificaron como demagógico, comparándolo con los salarios de funcionarios estatales y choferes de mineras.

El premier Arana sostuvo que el ajuste surgió tras un estudio de Servir, para equiparar el salario presidencial con su rango constitucional. Pero esto no calmó los ánimos: la oposición argumenta que no se elevaron ni las pensiones mínimas ni el sueldo básico, y que el aumento no se acompaña de mejoras reales en servicios o recorte de gastos superfluos.

La ciudadanía reacciona con indignación: según encuestas, alrededor del 90 por ciento rechaza la medida, y la figura de Boluarte carece de respaldo popular. En los próximos días, el Congreso definirá si ratifica la convocatoria a la mandataria y aprueba las iniciativas que buscan revertir el alza.

María del Carmen Alva, ex presidenta del Congreso, afirmó que si Boluarte no acude al llamado legislativo, el Parlamento podría avanzar hacia un proceso de vacancia. Sin embargo, el oficialismo parece mantenerse firme y bajo discurso técnico, sin comprometer versiones públicas que expliquen con claridad el costo fiscal y social de la medida.

Este episodio revela una grieta profunda entre una cúpula que considera necesario actualizar los sueldos institucionales y una sociedad que exige prioridades en otros frentes. Perder la confianza no es gratis: la gobernabilidad de Dina Boluarte ya pende de un hilo.