La magistrada no se anduvo con rodeos. Con un expediente cargado de declaraciones de colaboradores eficaces, testigos y documentos, señaló que hay elementos suficientes para vincular a PPK con actos de lavado durante su aventura electoral.

El delito, que acarrea una pena mínima de 8 años, cumple con creces el requisito de una potencial condena mayor a 3 años, uno de los pilares para justificar el candado migratorio. Pero lo que realmente puso los pelos de punta fue el intento fallido de PPK de volar a Estados Unidos el último sábado, frenado por una alerta migratoria que aún pesaba en su contra.

Salcedo no se tragó el cuento de la defensa de PPK, que juró y rejuró haber cumplido con las reglas de conducta, como el control biométrico y los reportes mensuales de actividades. Según la jueza, no hay un solo papel que respalde esas afirmaciones. Peor aún, el expresidente habría jugado al despistado al negarse a entregar documentos clave para la investigación.

“Hay un peligro latente de fuga”, sentenció la magistrada, apuntando a la solvencia económica de PPK, quien, con sus jugosos ingresos de expresidente —hasta 15 mil soles—, tiene el bolsillo lo suficientemente abultado como para darse a la fuga sin mirar atrás.

La Fiscalía, siempre ambiciosa, pidió 36 meses de impedimento, pero Salcedo consideró que 18 meses bastan para que el Ministerio Público termine de armar su caso y pase a la etapa de acusación. Así, PPK, quien alguna vez soñó con liderar el país hacia la modernidad, hoy queda atrapado en un laberinto judicial, con la sombra de la prisión acechándolo y sin boleto de salida.

El mensaje es claro: por más que intente alzar vuelo, el Poder Judicial le tiene las alas bien cortadas. Mientras tanto, el país observa cómo uno de sus exmandatarios, lejos de dar la cara, parece más inclinado a buscar la puerta de atrás.