El juez Juan Carlos Checkley, en una resolución contundente, declaró “infundada” la acción de tutela solicitada por los abogados de la presidenta. La defensa argumentaba que las declaraciones de dos testigos, calificadas como “secretas” por la Fiscalía, carecían de justificación, al igual que la ampliación de otros testimonios. Sin embargo, el magistrado respaldó al Ministerio Público, afirmando que la reserva de los testimonios estaba “debidamente justificada”.

Esta decisión, difundida por el Poder Judicial en su cuenta de X, representa un duro golpe para Boluarte, cuya administración parece tambalearse bajo el peso de las acusaciones.

La investigación apunta a maniobras de la presidenta para “sustraer” a su hermano de la justicia penal. Según el Ministerio Público, Boluarte no solo desarticuló el grupo policial que apoyaba las pesquisas, sino que, a través de su abogado –también procesado–, habría hecho “ofrecimientos ilícitos” a la exautoridad de dicha unidad.

Este escándalo se suma a una serie de cuestionamientos que han hundido la popularidad de la mandataria a un ínfimo 3,6 por ciento, según un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos.

El juez también rechazó el intento de la defensa de anular la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante el Congreso, argumentando que el caso ya está en manos de la instancia competente.

En Perú, los presidentes gozan de inmunidad hasta cinco años después de su mandato, pero el Congreso puede autorizar que sean juzgados por la Corte Suprema una vez que dejen el cargo. Sin embargo, el Legislativo, que ha mostrado una preocupante complacencia con el Ejecutivo, ya archivó en mayo otra solicitud fiscal para investigar a Boluarte por el caso de los relojes de lujo, un episodio que dejó en evidencia los nexos entre la jefe de Estado y sectores favorecidos por decisiones legislativas.

La gestión de Boluarte, marcada por la opacidad y las acusaciones de corrupción, parece aferrarse a la inmunidad presidencial como último recurso. Mientras insiste en que dejará el poder en 2026 con “las manos limpias”, los hechos sugieren lo contrario. La desactivación de un equipo policial clave, las maniobras para proteger a su entorno y el rechazo de la justicia a sus intentos de frenar las investigaciones pintan un panorama sombrío.

En un país hastiado de la clase política, el blindaje del Congreso y la inmunidad presidencial no bastarán para apagar las crecientes demandas de transparencia y justicia. La pregunta que queda es si Boluarte podrá sostener su frágil mandato hasta el final, mientras las sombras de la corrupción la persiguen.