¿Se está robando los fondos?: Boluarte despilfarró 10 mil millones de soles en casi 1900 obras paralizadas
La administración de Dina Boluarte, lejos de optimizar los recursos públicos, ha impulsado una política que engrosa el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) sin garantizar que los gobiernos locales puedan gestionarlo.
La reciente norma, respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas, reduce el IGV de 16 por ciento a 14 por ciento y duplica el Foncomun del 2 por ciento al 4 por ciento, una medida que, en lugar de fomentar el desarrollo, agrava el problema de las obras públicas paralizadas, con casi S/10.000 millones atrapados en proyectos estancados.
Aló @MEF_Peru. Señor Raúl Pérez Reyes. ¿Sabía usted que el FONCOMUN, el Fondo que usted ha aceptado duplicar en pleno año electoral, las municipalidades se lo gastan 38% en planillas, 36% en bienes y servicios y sólo el 20% en inversión? pic.twitter.com/pK4ZRI7286
— Luis Alberto Arias M (@LAlbertoArias) May 28, 2025
Esta decisión ha generado críticas contundentes desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Su director ejecutivo, Guido Valdivia, señaló que no tiene sentido canalizar más recursos hacia municipalidades con baja ejecución presupuestal y un historial de ineficiencia.
“Es ilógico transferir dinero a entidades con tantas obras paralizadas y sin capacidad de gestión”, afirmó, destacando que la supervisión en estos gobiernos locales es prácticamente inexistente. La falta de preparación técnica y operativa, sumada a un modelo de descentralización defectuoso, perpetúa el desperdicio de fondos públicos bajo la gestión de Boluarte.
De acuerdo con datos de Capeco, de las 2.572 obras públicas paralizadas a nivel nacional, 1.846 (72 por ciento) corresponden a municipalidades, representando una inversión estancada de S/9.714 millones hasta marzo de 2025. Estas obras, que no han registrado avances en al menos seis meses, se detienen por contratos resueltos, problemas técnicos, abandono o factores climáticos.
El sector de Transportes y Comunicaciones lidera la lista con 742 proyectos detenidos, de los cuales 571 son de gobiernos locales, con un costo de S/11.500 millones. Le siguen Vivienda, con 444 obras, y Educación, con 246, evidenciando una crisis estructural en la ejecución de infraestructura.
El problema, según Capeco, radica en un modelo de descentralización que ha generado un número excesivo de municipalidades incapaces de manejar proyectos de envergadura. Valdivia criticó que muchas de estas entidades no recaudan suficientes impuestos prediales y carecen de personal calificado, lo que las convierte en ineficientes.
Como solución, propone fortalecer a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales capitales, reduciendo los ejecutores de 2.000 a 100 con estándares técnicos más altos, una medida que podría evitar el despilfarro que caracteriza la gestión actual.
Para garantizar la continuidad de los proyectos, Capeco sugiere implementar un sistema de certificación ISO para los cargos técnicos en oficinas de infraestructura municipales y regionales. Este mecanismo aseguraría que los estándares no dependan de los cambios de autoridades, sino de competencias verificadas.
“Certificar el cargo, no a la persona, protege los proyectos de la rotación política”, explicó Valdivia, subrayando la urgencia de reformar un sistema que, bajo el liderazgo de Boluarte, sigue dilapidando recursos en obras que no avanzan.
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