En este sentido, la solicitud de la Fiscalía se fundamenta en “graves vicios procesales” detectados en el archivo de la denuncia, originalmente presentada en mayo de 2024 y desestimada el viernes pasado con el respaldo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, aliados clave del gobierno en el Legislativo.

La Constitución peruana otorga inmunidad a los presidentes hasta cinco años después de su mandato, pero permite al Congreso autorizar denuncias para que la Corte Suprema juzgue a los exmandatarios, un mecanismo que la Fiscalía busca activar en este caso.

Además, la denuncia detalla que, entre 2022 y 2024, el gobierno regional de Ayacucho presentó más de 100 solicitudes de presupuesto adicional, muchas aprobadas por el Ejecutivo.

A cambio, según la acusación, Boluarte habría recibido de Oscorima tres relojes Rolex, una pulsera Bangle y aretes de oro con brillantes. Estos hechos configuran, para la Fiscalía, un presunto delito de cohecho, penado con hasta ocho años de prisión según la legislación.

Por su parte, Boluarte afirmó en abril de 2024 que los relojes fueron prestados sin contrapartida, tras revelaciones de medios locales sobre joyas no declaradas en su patrimonio. No obstante, estas explicaciones no han logrado mitigar el descrédito de su gestión, que enfrenta una aprobación de apenas el 3,6 por ciento y un rechazo del 93,6 por ciento, según encuestas recientes.

La presidenta, de 62 años, insiste en que dejará el cargo en 2026 con “las manos limpias”, pero las acusaciones y el respaldo de bancadas oficialistas al archivo de la denuncia refuerzan las críticas a la opacidad de su Gobierno.