Sin embargo, su salida refleja la fragilidad del Ejecutivo frente a un Legislativo cada vez más confrontacional. En un intento por evitar la censura, Boluarte reorganizó el Gabinete horas antes, reemplazando a tres ministros.

En el Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, exministro de Transportes, asumió en lugar de José Salardi. Pérez-Reyes, cuestionado por demoras en el aeropuerto Jorge Chávez, enfrenta ahora el desafío de liderar una cartera clave.

Por su parte, en el Ministerio del Interior, el oficial retirado Carlos Malaver reemplazó a Julio Díaz Zulueta, quien apenas duró dos meses tras suceder al censurado Juan José Santiváñez, ahora en el Despacho Presidencial. Finalmente, César Sandoval Pozo, afiliado a Alianza para el Progreso (APP), asumió como ministro de Transportes, pese a que dicho partido aclaró que no autorizó su designación.

Estas modificaciones, lejos de apaciguar al Congreso, avivaron el rechazo. Las bancadas que impulsaron cuatro mociones de censura contra Adrianzén, lideradas por Fuerza Popular, ratificaron su apoyo a la destitución minutos después de la juramentación de los nuevos ministros.

Con APP y un reducido grupo de congresistas como únicos posibles aliados, la salida del premier era inevitable. La presencia de dos miembros de APP en el Gabinete, Sandoval y el ministro de Salud, César Vásquez, no logró revertir la postura opositora.

La crisis política se agudizó tras la tragedia en Pataz, La Libertad, donde 13 trabajadores mineros fueron hallados sin vida tras un presunto secuestro. Adrianzén fue cuestionado por no confirmar oportunamente los hechos, lo que alimentó las mociones en su contra. Este episodio recuerda la censura previa de Santiváñez en marzo, también por inseguridad ciudadana, cuando Fuerza Popular se unió a la oposición para forzar su salida.

Con Adrianzén fuera, se perfila Eduardo Arana, titular de Justicia y defensor de decisiones controvertidas del gobierno, como el indulto a Alberto Fujimori, como posible nuevo primer ministro. Quien asuma deberá obtener el voto de confianza del Congreso en un plazo máximo de 30 días, lo que implicará negociar con bancadas cada vez más críticas, en un contexto marcado por el avance del año electoral y la creciente oposición legislativa.

La caída de Adrianzén pone de manifiesto la inestabilidad de la gestión de Boluarte, incapaz de consolidar apoyos en un Congreso que, en un escenario preelectoral, intensifica su rechazo al Ejecutivo. La tragedia de Pataz y la persistente inseguridad ciudadana fueron fuertes catalizadores de esta crisis, dejando al Gobierno en una posición vulnerable ante futuros desafíos.