La tragedia comenzó cuando los empleados, contratados por una compañía que presta servicios a Poderosa, fueron secuestrados en la mina. Según la empresa, los responsables forman parte de grupos delictivos que tomaron el control de Pataz, donde ya han asesinado a 39 personas, entre mineros y trabajadores.

Poderosa denunció que, a pesar de la presencia policial y la declaración de un estado de emergencia en la zona, las autoridades no han logrado contener la escalada de violencia.

En respuesta, el Gobierno de Dina Boluarte anunció el envío de equipos especializados en crimen organizado para capturar a los culpables. El Ministerio del Interior aseguró que los agentes están autorizados para usar la fuerza si es necesario, siempre dentro del marco legal.

Sin embargo, estas medidas no han tranquilizado a la población ni a la empresa, que criticó la ineficacia de la estrategia de seguridad. Poderosa advirtió que sin acciones contundentes, como la intervención directa en las bocaminas ilegales donde se refugian los criminales, la situación seguirá deteriorándose.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, reconoció la gravedad del problema y llamó a recuperar el orden en Pataz. No obstante, sus palabras contrastan con la realidad de una región donde el estado de emergencia, vigente desde febrero de 2024, no ha frenado los ataques. La minera insistió en la necesidad de replantear las políticas gubernamentales para enfrentar a las mafias que operan con impunidad.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas expresaron su dolor y frustración. Según relataron, los trabajadores secuestrados el 27 de abril fueron torturados, y los delincuentes exigieron un rescate que nunca se concretó.

Emilia Rospigliosi, hermana de una de las víctimas, cuestionó la inacción policial durante la semana de incertidumbre. En Trujillo, a nueve horas de Pataz, otros parientes aguardaban la llegada de los cuerpos, exigiendo justicia para que el caso no quede impune.

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, anunció que se reunirá con la presidente Boluarte para abordar la inseguridad que azota su localidad. Visiblemente afectado, advirtió que el Gobierno será responsable si la situación no mejora. La minería, pilar económico de Perú, enfrenta una crisis en Pataz, donde la fiebre del oro ha desatado una ola de violencia.

Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó operaciones sospechosas por 8.241 millones de dólares ligadas a la minería ilegal, un reflejo del poder de estas redes criminales que el Estado no logra desmantelar.