Un discurso que elude la realidad

Mientras enfrenta investigaciones por la represión letal de las protestas que marcaron el inicio de su mandato, Boluarte utilizó su intervención para criticar a los organismos que han documentado las muertes y abusos cometidos bajo su gobierno.

"No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad, el Estado y deslegitimar el principio del orden", afirmó la mandataria.

En su discurso, intentó desviar el foco de las violaciones a los derechos humanos cometidas por su administración, asegurando que estas garantías no pueden ser usadas para "privilegiar criminales", mientras supuestamente se abandona a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

Estas declaraciones contrastan con la realidad de su gestión, en la que se han registrado decenas de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad en un contexto de protestas, además de denuncias por uso desmedido de la fuerza y detenciones arbitrarias.

Ataque directo a las ONG y a la comunidad internacional

Boluarte también arremetió contra las organizaciones de derechos humanos que han denunciado la brutalidad de su gobierno, acusándolas de estar financiadas con recursos internacionales y de defender "agendas que debilitan la soberanía nacional".

"Muchas ONG financiadas con dineros que provenían del mundo internacional priorizaban los derechos de aquellos criminales", sostuvo la presidenta, en un intento de desacreditar los informes que han documentado la represión estatal.

Esta estrategia no es nueva: su gobierno ha recurrido sistemáticamente a la criminalización de la protesta y a la persecución de quienes denuncian los abusos cometidos por el Estado, en un claro intento de silenciar las críticas y desviar la atención de su propia responsabilidad en los hechos de violencia.

Una visión sesgada de los derechos humanos

En su discurso, Boluarte insistió en que los derechos humanos deben centrarse en la "libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica", en lugar de ser utilizados —según ella— para justificar agendas que desestabilizan la democracia.

Sin embargo, el concepto de derechos humanos no es negociable ni selectivo: su protección debe aplicarse a todas las personas, sin distinción, algo que su gobierno parece ignorar deliberadamente.

Mientras intenta moldear la narrativa a su conveniencia, la realidad es que su administración sigue bajo la lupa por la violencia estatal y la represión.

Sus ataques a las ONG y a la comunidad internacional no son más que un intento de encubrir las graves denuncias en su contra y de afianzar un discurso que minimiza la responsabilidad del Estado en las violaciones cometidas.