El ministro, lejos de ofrecer explicaciones concretas, optó por desviar la atención hacia supuestas prácticas corruptas de ciertos efectivos policiales.

Acusó a estos de fabricar pruebas y audios para armar colaboraciones eficaces en complicidad con fiscales. Estas declaraciones, lejos de disipar las dudas, parecen un intento de deslegitimar a quienes estarían exponiendo irregularidades dentro de su gestión.

El escándalo surge en un contexto delicado para la PNP y el Ministerio del Interior, con cuestionamientos sobre la transparencia y la credibilidad de sus autoridades. La denuncia implica no solo a Santiváñez, sino también a la estructura de poder que maneja la relación entre la Policía y el Ministerio Público.

La falta de una respuesta contundente por parte del ministro deja más preguntas que respuestas sobre su capacidad para liderar la cartera.

Mientras tanto, sectores políticos y ciudadanos exigen investigaciones imparciales y la renuncia del ministro. La gravedad de las acusaciones, sumada a las explicaciones insuficientes de Santiváñez, pone en jaque la estabilidad del Ministerio del Interior y abre un nuevo capítulo de crisis en la gestión de la seguridad en el país.