Hasta que se dieron cuenta: un funcionario de Boluarte admitió que el país enfrenta una ola criminal sin precedentes
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reconoció públicamente que el Perú atraviesa una crisis de inseguridad inédita. En lo que va de enero de 2025, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó 79 homicidios, una cifra alarmante que refleja la creciente violencia en el país. Lima lidera con 21 casos, seguida del Callao con 8, La Libertad con 7, e Ica y Piura con 5 cada una.
En medio de esta crisis, Santiváñez enfrenta una desaprobación del 78 por ciento según una encuesta de Ipsos. Pese a que un 80 por ciento de los ciudadanos ya exigía su salida en diciembre de 2024, la presidenta Dina Boluarte respalda su gestión y mantiene su apuesta por medidas como las declaratorias de estado de emergencia.
#Política| El ministro del #Interior, Juan José Santiváñez, reconoció la gravedad de la #crisis de seguridad en el #Perú, marcada por una alarmante ola de violencia con siete as*sin*tos y tres ataques con expl*sivos en menos de 24 horas. (1/4) pic.twitter.com/R7KK7311b2
— Diario EP (@Diario_EP) January 18, 2025
Un plan contra la inseguridad
Desde El Agustino, Santiváñez presentó el nuevo Plan de Control Territorial, que incluye:
- La incorporación de 1,000 efectivos adicionales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima.
- La asimilación de 1,500 nuevos agentes, quienes deberán haber cumplido el servicio militar como requisito.
- La participación de unidades especializadas como Grecco, SUAT, Dinoes y UDEX.
- La declaración de emergencia para el suministro logístico de la PNP, con énfasis en la adquisición de armas y chalecos antibalas.
- Acuerdos con gobiernos locales para reforzar la seguridad. Por ejemplo, El Agustino aportará 14 camionetas y la Municipalidad de Lima entregará 100 vehículos.
El anuncio se realizó pocas horas después de conocerse las cifras de homicidios, que reflejan un panorama sombrío.
Crisis de legitimidad política
La ola de criminalidad coincide con un periodo de grave crisis de legitimidad en el Gobierno. Dina Boluarte, en su segundo año como presidenta, mantiene una aprobación del 5 por ciento, una cifra que no ha superado desde diciembre de 2023.
Por su parte, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el propio Congreso también enfrentan una desaprobación masiva. Adrianzén cuenta con un 79 por ciento de rechazo, mientras que el Congreso es desaprobado por un 88 por ciento de los ciudadanos. Este último ha sido objeto de críticas tras el escándalo de una presunta red de prostitución que operaba en sus instalaciones.
La ciudadanía exige resultados ante el avance del crimen organizado y la violencia. Sin embargo, las medidas del gobierno no han logrado frenar una ola criminal que continúa cobrando vidas en todo el país.
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