El requerimiento judicial surge en el marco de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de su gobierno, en las que la represión policial dejó decenas de fallecidos.

La fiscalía busca determinar si Boluarte utilizó esta intervención médica como una estrategia para evadir declaraciones o comparecencias en el proceso penal que enfrenta.

La polémica se intensificó luego de que la defensa de Boluarte justificara la cirugía como un procedimiento necesario por cuestiones de salud, algo que ahora deberá ser acreditado formalmente. Según la fiscalía, la documentación requerida incluiría informes médicos previos, certificados postoperatorios y cualquier evidencia que respalde la urgencia y legitimidad de la intervención.

Organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han cuestionado severamente las prioridades de Boluarte durante su gestión, señalando que la atención personal y la supuesta utilización de recursos para fines particulares contrastan con la falta de respuestas y soluciones ante las demandas de la población.

En tanto, familiares de las víctimas de las protestas han manifestado su indignación, afirmando que este episodio refleja una falta de respeto hacia quienes buscan justicia por los actos de violencia estatal ocurridos durante su mandato.

Boluarte enfrenta actualmente cargos por presuntos delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, en una causa que busca esclarecer su responsabilidad en la gestión de la crisis social que marcó su gobierno.