El caso que involucra a Boluarte está relacionado con la fuga de Cerrón en un vehículo oficial de la Presidencia, conocido como "cofre", fotografiado cerca de un condominio en un balneario próximo a Lima, en febrero de 2024.

La Fiscalía sostiene que el automóvil estaba en las inmediaciones de un operativo policial destinado a capturar al político marxista, condenado por corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín.

La designación reciente de Ruth Ligarda, una escolta de Boluarte implicada en el traslado en cuestión, a un puesto en la embajada peruana en España ha despertado sospechas adicionales. Aunque Portugal restó importancia a su rol en la investigación, la decisión de apartarla del país genera dudas sobre posibles intentos de interferencia en el proceso judicial.

Este caso se suma a una serie de investigaciones abiertas contra Boluarte, que incluyen acusaciones por los fallecimientos ocurridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como la presunta omisión en la declaración de bienes, entre ellos relojes de lujo.

A pesar de haber asistido a múltiples declaraciones previas, su reciente negativa a presentarse alimenta la percepción de que la mandataria busca evitar el escrutinio de la justicia.

La postura de Boluarte en este asunto, caracterizada por evasivas y argumentos legales cuestionables, no solo pone en entredicho su credibilidad, sino que también refleja una preocupante falta de responsabilidad en el manejo de las acusaciones que enfrenta, dejando un manto de incertidumbre sobre el futuro político y judicial de su administración.