No obstante, un informe del INEI publicado en 2024 revela que la pobreza monetaria en el país aumentó del 27.5 por ciento en 2022 al 29 por ciento en 2023. Esto equivale a que más de 596,000 personas adicionales no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica, afectando a un total de 9.78 millones de peruanos.

Además, la pobreza extrema subió al 5.7 por ciento durante el primer año de su gestión, un nivel que supera incluso los registrados durante la pandemia del COVID-19.

Retraso en la publicación de cifras oficiales

Según un reporte de Canal N, el Ejecutivo habría retrasado la difusión de estas cifras en mayo de 2024. La demora, supuestamente motivada por el interés de la presidenta en evitar la difusión de “malas noticias”, generó críticas en diversos sectores.

Rosa María Palacios, periodista y abogada, afirmó que se llegó a prohibir la publicación del informe del INEI, lo que desencadenó el rechazo de políticos como Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular. “Es evidente que el Gobierno sostenido por el fujimorismo y sus socios no quieren que sepamos la realidad”, escribió Paredes en la red social X (antes Twitter).

Autonomía del INEI en peligro

El 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió el Decreto Supremo 014-2024-MIDIS, que introduce un cambio significativo en la medición de la pobreza multidimensional. Este decreto obliga al INEI a utilizar un único índice sintético para evaluar las privaciones en acceso a servicios básicos, una medida que ha sido calificada como una vulneración a la autonomía del organismo técnico.

Especialistas advirtieron en septiembre de 2024 que esta intervención podría comprometer la precisión de los datos. Aunque el nuevo enfoque busca consolidar indicadores relacionados con la calidad de servicios públicos, contrasta con la metodología tradicional basada exclusivamente en ingresos monetarios.

Según COMEX Perú, la pobreza multidimensional afectó al 33.2 por ciento de la población en 2023, equivalente a 11.3 millones de peruanos. Esta métrica incluye carencias en educación, salud y acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento. Si bien el Ejecutivo argumenta que la nueva metodología simplifica la medición, expertos alertan sobre los riesgos de alterar los indicadores oficiales, esenciales para la formulación de políticas públicas efectivas.