En una diligencia realizada en la región de San Martín, específicamente en la Subprefectura Provincial de Tarapoto, se hallaron documentos clave que forman parte del caso conocido como Los waykis en la sombra.

Según las acusaciones, esta red buscaba consolidar su control sobre el aparato estatal, actuando bajo la dirección de Nicanor Boluarte, quien se encuentra en paradero desconocido desde que se dictara en su contra 36 meses de prisión preventiva.

La Fiscalía asegura que esta organización criminal no solo habría intervenido en las designaciones de prefectos y subprefectos, sino que también habría utilizado su influencia para perpetuarse en el poder, afectando la institucionalidad del país. Entre las regiones afectadas por estas maniobras figuran Lima, San Martín, Cajamarca, Apurímac, Cuzco, Puno, Ica y Junín.

El caso también involucra a Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, quien estuvo detenido preventivamente durante 24 meses, aunque fue liberado en diciembre tras una apelación.

Según los testimonios recopilados, entre ellos el de Víctor Torres, amigo de los Boluarte, Nicanor actuaba como el "poder en la sombra", dando órdenes directas para las designaciones estratégicas en el Ejecutivo.

El Ministerio Público ha dejado claro que estas acciones representan una amenaza directa al Estado de derecho en Perú, mientras el paradero de Nicanor Boluarte sigue siendo incierto. Su defensa alega que no es un prófugo de la justicia y espera una decisión de la Corte Suprema sobre su apelación.

Este escándalo profundiza las dudas sobre la gestión de Dina Boluarte y pone de relieve la necesidad urgente de una respuesta contundente ante estas graves acusaciones que comprometen la integridad del Gobierno.