La decisión de apartar a Burga se produce en un contexto de tensiones crecientes en torno al manejo institucional del LUM, un espacio emblemático que busca visibilizar las heridas del conflicto armado interno. Su destitución genera dudas sobre la independencia y autonomía del lugar, alimentando temores de que las prioridades políticas del gobierno puedan estar interviniendo en su misión histórica.

Diversos observadores han señalado que esta acción podría ser interpretada como un intento de controlar la narrativa en torno al pasado reciente, debilitando un espacio clave para la reflexión y reconciliación. Mientras tanto, el gobierno no ha ofrecido explicaciones claras sobre los motivos detrás de la remoción, lo que solo amplifica las sospechas y el malestar entre organizaciones sociales y académicas.

La gestión de Boluarte se encuentra bajo la lupa, con cuestionamientos que van más allá de este caso puntual. Su enfoque hacia instituciones clave como el LUM sugiere un preocupante desinterés por preservar espacios dedicados a la memoria y los derechos humanos, una señal que no pasa desapercibida en un país que aún busca sanar las cicatrices de su pasado.