Sin embargo, estas declaraciones contrastan notablemente con la realidad que enfrenta Perú bajo su liderazgo. Mientras la presidenta alaba el compromiso democrático en el extranjero, su gobierno ha sido fuertemente criticado por la represión de las manifestaciones sociales y por la falta de soluciones a las demandas de los sectores más vulnerables.

Las denuncias por violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza durante las protestas en su gestión han puesto en tela de juicio su legitimidad para hablar de democracia y derechos humanos.

La postura de Boluarte también genera cuestionamientos sobre las prioridades de su gobierno. Mientras dedica tiempo a destacar la situación en Venezuela, la crisis política y social en Perú sigue agudizándose. La desconfianza de la ciudadanía hacia su administración, reflejada en los bajos índices de aprobación, evidencia la desconexión de la presidenta con las necesidades y preocupaciones del pueblo peruano.

La contradicción entre sus palabras y acciones resalta la falta de coherencia de un gobierno que parece más enfocado en proyectar una imagen internacional favorable que en resolver los problemas internos que aquejan al país.