El juez Richard Concepción Carhuancho, encargado del caso, ordenó la captura de Boluarte y de otros tres investigados, resaltando la necesidad de garantizar el avance del proceso judicial.

Sin embargo, el abogado del hermano de la presidenta, Luis Vivanco, ha adelantado que su defendido no se someterá a la decisión judicial, calificándola de arbitraria. Vivanco, quien asegura desconocer el paradero de su cliente, ha señalado que no tiene contacto con él desde hace días, lo que refuerza las sospechas de un posible intento de fuga.

La defensa también ha acusado al juez de actuar por motivaciones políticas y de no aplicar la norma más favorable al acusado, como exige la ley. Estas declaraciones no han logrado desviar la atención de las serias implicaciones del caso, que evidencia un uso indebido del poder político para beneficio personal y partidario.

El escándalo ocurre en un momento crítico para la presidenta Dina Boluarte, cuya gestión está profundamente cuestionada. Con una aprobación popular que apenas alcanza el 3 por ciento, su mandato ha estado marcado por altos índices de inseguridad y violentas protestas que han dejado decenas de muertos.

La implicación directa de un miembro cercano de su familia en un caso de corrupción de esta magnitud agrava aún más su debilitada posición política. Las denuncias sobre el uso de influencias desde el núcleo del poder presidencial evidencian un preocupante desprecio por las instituciones y los principios democráticos en el país.

La falta de respuestas contundentes por parte de Dina Boluarte ante este caso no solo mancha aún más su gestión, sino que también refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y el incremento de la corrupción en los más altos niveles del gobierno.