Uno de los factores clave que explican su permanencia en el poder es el respaldo de los legisladores tanto de derecha como de centro, quienes también tienen una aprobación muy baja del 4 por ciento. Este apoyo ha sido crucial para que Boluarte evite su destitución, aunque su administración enfrenta serias acusaciones de corrupción, incluyendo controversias sobre la posesión de relojes de lujo Rolex, que ella alega son “préstamos”, y desbalances patrimoniales, según la Contraloría.

El Congreso, bajo el control de estos legisladores, ha llevado a cabo varias contrarreformas polémicas. Han destituido miembros de la junta supervisora del poder judicial, aprobado leyes para regular la minería ilegal y flexibilizado los requisitos para enseñar. También han exonerado de castigo a criminales de lesa humanidad de antes de 2002, beneficiando directamente al expresidente Alberto Fujimori, una decisión criticada por organismos de derechos humanos internacionales.

La capacidad fiscal del país ha sido cuestionada con la aprobación de gastos extrapresupuestarios significativos, lo que ha generado preocupación entre expertos económicos. El Tribunal Constitucional, cuya composición fue renovada en 2022, ha otorgado más poder al Congreso para iniciar medidas de gasto, una práctica contraria a la Constitución. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre económica, exacerbando la crisis actual.

El Ministerio Público ha sumado dos nuevas investigaciones preparatorias a las ya existentes sobre casos vinculados a las protestas sociales en Perú. El primer caso está relacionado con hechos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac en Juliaca, donde cuatro personas resultaron heridas. El segundo caso investigado corresponde a los eventos del 12 de diciembre de 2022 en Apurímac, donde ocurrió la muerte de un menor y resultaron heridas dos personas.

Estas investigaciones forman parte de los esfuerzos del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP). A la fecha, se contabilizan 20 investigaciones preparatorias formalizadas distribuidas en varios departamentos, incluyendo Lima, Arequipa y Cusco, involucrando a 160 personas entre miembros de la Policía Nacional y el Ejército, por heridas y muertes de 274 civiles durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte.

Amnistía Internacional ha sugerido que Boluarte podría enfrentar una investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, similares a las atribuidas al exdictador Alberto Fujimori. Este informe, presentado el 18 de julio, indica que Boluarte podría ser considerada autora mediata debido a su falta de acción para detener los abusos cometidos durante las protestas.

Mientras los ciudadanos peruanos miran hacia las elecciones de 2026 con esperanza, enfrentan la realidad de un Congreso fortalecido y múltiples partidos que buscan influir en el futuro del país. Las recientes reformas y la falta de un liderazgo claro han dejado a muchos dudando del camino que seguirá Perú en medio de esta compleja situación política.